Una muestra más de engaño y duplicidad, pero esta vez no de los políticos; en este caso empresarial, de quien decía defender los intereses agrarios de Murcia y en cambio se convierte en un giro cínico en el principal importador de genero agrícola marroquí. No es de extrañar los fracasos reiterados en la negociación en Bruselas para limitar la cuota autorizada de tomate marroquí cuando el "enemigo" esta dentro del equipo propio. ¿ Con qué clase de voluntad defendería el señor Durán los intereses agrícolas de la región cuando entraban en flagrante contradicción con sus intereses particulares? Menuda jefatura la de las asociaciones agrarias...
http://www.laverdad.es/murcia/20100118/region/presidente-proexport-vende-tomate-20100118.html
El tomate marroquí es el 'coco' de las ensaladas. Su ventajosa competencia arrincona a las tomateras murcianas, cada vez menos rentables. Y el acuerdo recientemente firmado por la Unión Europea y Marruecos, que eleva hasta un 39% el cupo establecido para la entrada de tomates al Mercado Común, aumenta el riesgo de extinción que se cierne sobre los agricultores de la Región. La asociación de grandes productores y exportadores agrícolas Proexport denunció inmediatamente el pacto y exigió que no entre en vigor «porque provocaría una profunda crisis de precios en el sector». Sin embargo, entre sus empresas asociadas habrá quién se beneficie de la liberalización comercial. El que fuera su presidente hasta el año pasado, Miguel Durán, es uno de los principales exportadores de tomate marroquí.
Junto a un socio marroquí, Durán es propietario de Duroc, una firma que exporta en torno a 25.000 toneladas anuales de tomate 'cherry'. Con un 12,5% de la exportación marroquí -oficial- a la Unión Europea, es la mayor tomatera de capital español en el Reino Alauí. Especializada en la variedad más pequeña del jugoso producto, está presente en el sur de Marruecos, en la región de Agadir, donde posee casi 300 hectáreas de cultivo desde 1989, «mucho antes de la moda» de instalarse en países emergentes, agrega Durán. El progresivo aumento de su producción marroquí ha sido inversamente proporcional a la disminución de su volumen de negocio en la Región. Si desde sus instalaciones de Mazarrón hace años salían 40.000 toneladas de tomate, hoy sólo lo hacen 15.000. «Las autoridades son las que quitan o dan armas comerciales y las empresas tenemos que tomar decisiones para sobrevivir», considera Durán, quien juzga «malo para España y bueno para Marruecos» el nuevo cupo. «Si con sus ventajas competitivas le dan una entrada más fácil, será muy difícil permanecer produciendo en España», analiza el ex portavoz de los productores murcianos que rechaza estar compitiendo con sus compañeros de asociación porque «no se produce 'cherry' en Murcia». Las principales cosechas nacionales de esta variante se concentran en la costa de Granada y Málaga.
«¿Qué problema hay?»
En Proexport no censuran la internacionalización de sus asociados. Para su director, Fernando Gómez, «el mercado es global. ¿Qué problema hay?, en Murcia hay empresas agrarias de capital extranjero». Pero reiteran su frontal oposición a la apertura comercial. «Nos empujan a reducir el sector o a irnos fuera», afirma Gómez pese a preferir no hablar de deslocalización, sino de «internacionalización», pues afirma no conocer «ninguna empresa que haya cerrado aquí para irse al extranjero».
«El 'dumping' social es evidente por sus condiciones salariales», afirma Gómez, enumerando las ventajas laborales y fiscales para la producción marroquí, cuyos costes se ven también aliviados por las menores exigencias fito-sanitarias y medioambientales. Gómez recuerda que cuando Estados Unidos abrió la frontera al tomate español, hace tres años, lo hizo exigiendo controles de seguridad alimentaria previos al envío del género.
Más críticos, los sindicatos agrarios hablan de «cinismo» de los grandes empresarios. Marcos Abellán, secretario general de UPA, tilda de «doble moral» la postura de la asociación de exportadores, que «critica un acuerdo por el que sufren competencia desleal de los productores marroquíes y de sus propios compañeros». Abellán recuerda que sólo las grandes empresas «tienen la capacidad de deslocalizar y marcharse a Marruecos», donde los salarios son muy inferiores, no se pagan cotizaciones sociales, el coste del agua es casi inexistente, y no hay tantas exigencias de seguridad alimentaria ni requerimientos medioambientales de gestión de los residuos.
En la misma línea, Paco Gil, secretario de organización de COAG, considera que los empresarios utilizan un «doble rasero» en esta cuestión y denuncia que algunos «compran en Marruecos productos que manipulan aquí y venden como españoles». Frente a la postura de la gran empresa, «que busca el enriquecimiento puro y duro» y de quienes «fomentan que se vayan a producir allí», Gil dice que el objetivo del cooperativismo agrario «es mantener el tejido social y la ocupación en el medio rural». Ambas organizaciones censuran el acuerdo entre la UE y Marruecos. «Utilizan la agricultura como moneda de cambio para tener un Magreb políticamente tranquilo», interpreta Gil, que tacha de «cínica» a la Unión por «no exigir los mismos controles y normas a los productos de terceros países» y advierte sobre la negativa incidencia «en toda la economía murciana» del pacto comercial con el régimen de Mohamed VI. «Se ha demostrado que el libre comercio no está posibilitando el mejor precio al consumidor, sólo beneficia a los intermediaros», añade Gil.
Desde el Gobierno regional, que ha sido especialmente crítico con el acuerdo aduanero, prefieren no valorar que empresas murcianas exporten tomate marroquí. «Cualquier empresario es libre de irse con su dinero donde quiera», declaró Ginés Vivancos, director general de Asociacionismo Agrario.
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